2 de octubre: ¿quién ordenó masacrar?

Pablo Cabañas Díaz
pcabanas@correo.unam.mx


* Un informe del Departamento de Defensa de EUA da cuenta de que los disparos fueron resultado de una insubordinación militar hacia Marcelino García Barragán. Sin embargo, hasta la fecha queda sin probarse fehacientemente quién dio la orden.

Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal.
Jaime Sabines

El Comité Nacional XXV años del 68 nombró, el 1 de septiembre de 1993, una Comisión de la Verdad integrada por 20 miembros: Mariclaire Acosta, Sergio Aguayo, Alonso Aguilar, José Agustín, René Avilés Fabila, Bernardo Bátiz, Fernando Carmona, Jorge G. Castañeda, Felipe Ehrenberg, Luis Javier Garrido, Miguel Ángel Granados Chapa, Hernán Lara Zavala, Froylán López Narváez, Sara Lovera, Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor, Héctor Ortega, Elena Poniatowska y Eraclio Zepeda.
El comité recomendó investigar el deslinde final de responsabilidades, esclarecer las versiones de que tuvo su origen en una conspiración; aclarar la génesis y el desarrollo de la matanza del 2 de octubre; resolver las contradictorias informaciones sobre el número de muertos y heridos y juzgar la validez de los procesos penales con los que culminó la represión.
Tras la instalación de la Comisión de la Verdad , los miembros, investigadores, intelectuales y participantes en el movimiento, hicieron declaraciones a la revista Proceso en las que definían a un tiempo el pesimismo en cuanto a la apertura de los archivos, pero siempre vislumbrando una mínima posibilidad y comprometiendo la transición a la democracia como argumento (la transparencia como voluntad para la transición a la democracia).
El 27 de septiembre de 1993, Proceso publicó cartas recibidas y enviadas por Gustavo Díaz Ordaz (sin precisar su fuente). En medio de la reproducción y del comentario de los archivos se refería a la documentación que ellos consideraban relevante para conocer las disposiciones oficiales con respecto al movimiento estudiantil de 1968. Gran parte de los documentos sobre la administración del presidente Díaz Ordaz (1964-1970) se encuentran en mil 259 cajas de cartón —miden 20 x 42 x 28 centímetros—, guardadas en el Archivo General de la Nación (AGN).
Seguir la pista de lo que aconteció en 1968 es sumamente difícil, pues su contenido –cartas, oficios, manuscritos, telegramas, fichas, folletos, recortes y fotografías– no está clasificado. A la fecha, sólo Proceso ha mostrado documentos desclasificados por el gobierno estadunidense que –con sus correspondientes tachaduras– sólo han aportado historias colaterales a los acontecimientos.
En 1993, tras la instalación de la Comisión de la Verdad , los miembros, investigadores, intelectuales y participantes en el movimiento, hicieron declaraciones a Proceso en las que definían a un tiempo el pesimismo en cuanto a la apertura de los archivos, pero siempre vislumbrando una mínima posibilidad pero ni en México ni en el extranjero obtuvieron algún documento relevante sobre el movimiento estudiantil de 1968.
Cinco años después, el 15 de febrero de 1998, en una entrevista a Reforma, los integrantes de la dispersa comisión dieron cuenta de las dificultades que padecieron. Lorenzo Meyer aseguró: "Nos reuníamos en la librería de El Juglar. Cada quien tenía que trabajar, por lo que la investigación la hicimos en nuestros ratos libres. Redactamos una petición para diversas instancias del gobierno federal —como las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional —, del gobierno de la ciudad de México, a la Cruz Roja y a individuos, entre ellos a Luis Echeverría, para tener acceso a sus archivos. Nadie, absolutamente nadie, tuvo la decencia de responder".
La Secretaría de Gobernación respondió que "para México el plazo de apertura de archivos es de treinta años". El año de 1998, se convirtió entonces en la fecha prometida, en el umbral de la verdad, en un plazo inaplazable. El secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido, se explayó: "los archivos oficiales existentes son información que se sujeta a los criterios de la reglamentación internacional de reserva por treinta años a partir de la fecha de los hechos, que esta práctica ha prevalecido en el Archivo General de la Nación y por ello en su oportunidad, al vencer el plazo, serán puestos a disposición del público en general". La entonces directora general del AGN, Leonor Ortiz Monasterio, declaró que esa era "una norma interna".
El 2 de octubre de 1997, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la integración de una Comisión Especial formada por dos legisladores de cada fracción parlamentaria para requerir a las autoridades correspondientes archivos e información sobre los hechos del 2 de octubre de 1968 en Tlateloco.
El 3 de febrero de 1998, Luis Echeverría se reunió en su casa con los diputados de la comisión, sin que se completara el quórum necesario para que ésta se instalara, y se limitó a deslindarse de los hechos. Para el 22 de diciembre de 1997, la comisión ya había establecido un programa de trabajo que incluía reuniones con funcionarios de la Presidencia , Gobernación, las procuradurías, el Gobierno del DF, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), el Pentágono, autoridades cubanas y el KGB (Comité para la Seguridad del Estado, de la Unión Soviética ), con el fin de solicitarles los archivos correspondientes.
El 1 de febrero de 1998, antes de que la comisión obtuviera oficialmente documentos, comenzaron las filtraciones. Reforma dio a conocer, unos días antes de la comparecencia de Echeverría ante los diputados y los medios de comunicación, el contenido de un documento "revisado por analistas de la Sección Segunda de Inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional ". El presunto "análisis" caía por su propio peso y mostraba la fragilidad o la obviedad de la información que se podía obtener por medio de la mayoría de los documentos. El documento señala a Horacio Flores de la Peña como un contacto entre líderes del movimiento como Heberto Castillo, Víctor Flores Olea, Fernando Solana y Eli de Gortari con Echeverría. El diario no se detiene a informar o comentar sobre la efectividad de estos presuntos contactos.
Las partes del documento citadas por el periódico nos dicen más del anticomunismo de quien lo elaboró que de lo que sucedió. Dice: "El proceder del secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, era otro. Ocultó a todo el mundo, y muy especialmente al presidente Gustavo Díaz Ordaz, su mística comunistoide, actuando en forma servil, engaño que a los ojos de su jefe dio la apariencia de ser una persona leal y de que continuaría la forma de su gobierno".
El 4 de febrero de 1998, Reforma comentó cinco documentos de los archivos de Estados Unidos que demostrarían que Díaz Ordaz decidió utilizar la fuerza en agosto de 1968. Estos documentos dicen más de las opiniones, consideraciones y formas de trabajo de quienes los elaboraron que de lo que realmente sucedió. Ese día se publicó en Excélsior una amplia entrevista con Patricia Galeana, directora general del AGN, quien hizo dos importantes afirmaciones: la posibilidad de que alguien, por motivos de intimidad, una vez superados los motivos de seguridad del Estado, impidiera la revisión de los archivos del 68, y la improbabilidad de que exista en ellos una orden explícita de disparar sobre los asistentes a la manifestación. "El 5 de febrero de 1998, Raúl Álvarez Garín declaró "El punto es abrir los archivos ¡de México!: no los del KGB o la CIA , sino los internos. Es más importante conocer en detalle el plan operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el movimiento estudiantil que los chismes de la embajada estadunidense o si estaban peleándose los generales".
Al día siguiente, el general Miguel Ángel Godínez Bravo reafirmó la disposición del Ejército para mostrar sus archivos, pero aclaró: "por qué se habla de eso, de los archivos, pero nadie se ha acercado a la Sedena para decir: queremos que la comisión fulana vea los archivos".
El 1 de marzo de 1998, Reforma aseveró: "Documentos del Archivo General de la Nación comprueban que el extitular de la extinta Dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, realizó durante el movimiento estudiantil de 1968 labores de espionaje en contra de dirigentes universitarios y líderes obreros y sociales". El legajo mezcla la detención de Fidel Castro en México con información sobre Heberto Castillo y sus relaciones y las del Movimiento de Liberación Nacional y Cuba, y la especial paranoia contra los trotskistas, incluyendo una relación de ellos. De nuevo se nos confirma que estos documentos dicen más de quien los elabora que de lo que sucedió.
El 13 de abril de 1998, sucedió otra filtración. Milenio Semanal publicó un memorando del supuesto acuerdo que habría tenido Luis Echeverría con Díaz Ordaz el 2 de octubre de 1968 y fragmentos de cartas, así como descripciones de mapas, para demostrar que la intervención del Ejército fue solicitada por Echeverría, "de acuerdo con documentos oficiales en poder de la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga los hechos ocurridos en ese año".
Una vez terminada la clasificación, los diputados restringieron su acceso, incluso entre colegas, según el diputado perredista Armando López Moreno. Para el 19 de abril la desesperación de las comisiones se tradujo en un intercambio epistolar. La comisión llegó a un punto crítico cuando, por medio del subsecretario de Gobierno, la Secretaría de Gobernación desconoció a la Comisión Investigadora. Entre el 7 y el 9 de abril recurrieron a Gobernación para que se les entregaran los archivos de la Sedena. Los ánimos valentones de los diputados para ver de a cómo les tocaba o retar al presidente a telefonearlos cedieron y se acordó que sería la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la encargada de solicitar la información.
El 2 de octubre de 1993, la Comisión de la Verdad se desintegraría y presentaría sus conclusiones. El texto es el siguiente: "Mientras instituciones estadunidenses como la Biblioteca del Departamento de Estado, en Washington, informaron que permitirían (...) mostrar sus archivos, ninguna de las nueve dependencias mexicanas ha respondido a la misma solicitud, entre ellas la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República , la Secretaría de la Defensa Nacional y el Departamento del Distrito Federal". Más adelante se aclaró que el material de la Biblioteca del Departamento de Estado consistía en informes elaborados en la embajada en México de Estados Unidos. De nuevo, los comisionados retaron al gobierno para la apertura de los archivos. A la fecha, y muy poco a poco, sólo la revista Proceso ha mostrado documentos desclasificados por el gobierno estadunidense que –con sus correspondientes tachaduras– sólo han aportado historias colaterales a los acontecimientos".
En el exhaustivo análisis que hemos realizado sobre estos textos a lo largo de dos años, podemos concluir que el movimiento estudiantil de 1968 fue considerado por los analistas de inteligencia y políticos estadunidenses como un aviso de que la estabilidad ya era algo sobrepasado. Los textos ofrecen una visión distinta a la versión del gobierno mexicano. El efecto del movimiento estudiantil, como mínimo, es haber intensificado el autoexamen ya en proceso entre los líderes políticos de la nación, indicó un reporte especial agregado al sumario semanal de la CIA del 17 de enero de 1969.
En por lo menos una veintena de textos secretos hasta su desclasificación, la CIA , la Agencia de Inteligencia de la Defensa , la Embajada estadunidense en México y la Oficina Federal de Investigaciones descartaron la intervención de organismos de inteligencia extranjeros en el movimiento, que en su opinión fue resultado más de cuestiones políticas internas que de agitación externa, como alegó el gobierno mexicano de entonces.
Una de las hipótesis centrales sobre el 68 se ubica en el contexto de una pugna al interior de la Sedena. El entonces secretario, general Marcelino García Barragán, suplió a su jefe de Estado Mayor, general Mario Ballesteros Prieto, porque con el jefe del Estado Mayor Presidencial, general Luis Gutiérrez Oropeza, deliberadamente cambiaron sus órdenes respecto de la acción del Ejército en la plaza de Tlatelolco.
De acuerdo con un memorando confidencial de principios de 1969, el general García Barragán había instruido a Ballesteros de enviar tropas para rodear la Plaza de las Tres Culturas y observar lo que pasaba y prevenir que las manifestaciones estudiantiles se extendieran a otras partes de la ciudad. El mismo documento señala que una persona, cuyo nombre fue borrado, expresó categóricamente que el avance del Batallón de Paracaidistas a la plaza, que resultó en una violenta confrontación con los estudiantes, no fue parte de la actividad militar planeada.
Esta hipótesis se robustece con un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos que da cuenta de que los disparos fueron resultado de una insubordinación militar hacia García Barragán. Las órdenes del general secretario fueron desobedecidas por sus subalternos el 2 de octubre de 1968, establece el documento desclasificado del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Este informe confidencial, fechado el 24 de marzo de 1969, y hecho público por Kate Doyle, analista del Archivo de Seguridad Nacional estadunidense, coincide con la versión que el propio García Barragán consignó por escrito antes de morir y que se reveló en el libro Parte de guerra de Julio Scherer y Carlos Monsiváis.
Ahí, García Barragán señaló a Gutiérrez Oropeza como el responsable confeso de enviar militares armados con metralletas para disparar desde el edificio Chihuahua de Tlatelolco sobre la multitud de estudiantes, algo que el jalisciense no había dispuesto. "Mario Ballesteros Prieto y Luis Gutiérrez Oropeza habían caído de la gracia de Marcelino García Barragán", se lee en el reporte del Departamento de Defensa estadunidense, "(el informante) declaró que la razón por la que el general Ballesteros fue relevado de jefe del Estado Mayor fue que él, junto con Gutiérrez, habían estado ya sea dando contraórdenes o fallando en interpretar correctamente las órdenes del general García Barragán. Además, ambos generales (Gutiérrez Oropeza y Ballesteros Prieto) habían hecho cambios personales sin aclararlos con el secretario de la Defensa. (El informante) también declaró que el general Gutiérrez no ocupará más su posición usual directamente detrás del Presidente (Gustavo Díaz Ordaz) en las funciones oficiales".
Las "contraórdenes" de Gutiérrez Oropeza y Ballesteros Prieto a las que se refiere la fuente del Departamento de Defensa –cuya identidad aún se mantiene en resguardo– son el desacato deliberado de mantener a las tropas fuera de Tlatelolco, pues las instrucciones de García Barragán eran que los soldados únicamente vigilaran a los manifestantes y los rodearan para evitar su dispersión. "El avance del Batallón de Paracaidistas a la plaza, que terminó en una violenta confrontación con los estudiantes, no fue parte de la actividad militar planeada", agrega el informe estadunidense.
El general Luis Gutiérrez Oropeza, quien fue uno de los protagonistas en la matanza del 2 de Octubre de 1968, falleció el 22 de marzo de 2007 .Quien esto escribe, varias veces buscó entrevistarse con él pero todas las peticiones fueron negadas. Escribió dos libros Gustavo Díaz Ordaz. El hombre. El político. El gobernante (marzo de 1986) y La realidad de los acontecimientos de 1968 (abril de 1996), que constituyen la auténtica versión ''desde adentro" del sector más duro del gobierno de Díaz Ordaz. Al general también se le vinculó como operador del grupo paramilitar Los Halcones, quienes participaron en los hechos violentos del Jueves de Corpus en 1971.
De 1968 a 2008 se ha publicado un incuantificable número de artículos, ensayos, libros, entrevistas, declaraciones, sobre las causas del 68 mexicano. Sin embargo, hasta la fecha queda sin probarse fehacientemente quién dio la orden por la que emanó la matanza del 2 de octubre.